lunes, 15 de agosto de 2011

Demandan a magistrados del Edomex por absolver a un hombre que asesinó a su esposa

Gloria Leticia Díaz8 de agosto de 2011
MÉXICO, D.F., 8 de agosto (apro).- Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado de México fueron denunciados penalmente por absolver a uno de los asesinos de una mujer, Nadia Muciño, ejecutada en febrero de 2004 por su esposo y su cuñado en presencia de sus tres hijos.La denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) por la madre de Nadia, María Antonia Márquez, con el respaldo de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMPDDH), y de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI).
Sergio Méndez Silva, director de Defensa Legal de la CMPDDH, explicó que en el caso de Nadia Muciño –en estudio de admisibilidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde octubre de 2010— los magistrados actuaron con “negligencia, ineficacia y displicencia, sin descartar la corrupción”.
Lamentó que en la actualidad las autoridades judiciales mantengan en la impunidad uno de los casos más emblemáticos de feminicidios en el Estado de México, entidad donde se han registrado más de 900 asesinatos de género en los últimos cinco años.

Nadia Alejandra Muciño Márquez fue asesinada frente a sus tres hijos de cinco, cuatro y tres años por su esposo y su cuñado, los hermanos Bernardo e Isidro López Gutiérrez, en Villa Nicolás Romero, Estado de México.
Pese a los antecedentes de maltrato desde 1998, así como de haber sido secuestrada por su propio marido en 2003, y al testimonio de los tres pequeños testigos tras un tratamiento psicológico de por medio, la muerte de Muciño con una soga y un alambre alrededor del cuello, fue calificado por autoridades mexiquenses como “suicidio”.Como en el caso de la activista Marisela Escobedo que buscó por cuenta propia a los asesinos de su hija, la madre de Nadia Alejandra no cejó hasta ubicar a los responsables, por lo que se integró una averiguación previa por homicidio calificado y se libraron las órdenes de aprehensión contra los hermanos López, de los que sólo se detuvo a Isidro.Pese a la solidez de las pruebas, el 5 de febrero de 2010 los Magistrados del la Primera Sala Colegiada de Tlanepantla absolvieron a Isidro, y descalificaron los testimonios de los hijos de Nadia. La actitud de los magistrados orilló a la señora Márquez demandarlos penalmente.En entrevista con Apro, Sergio Méndez Silva destacó que todo el procedimiento estuvo “plagado de irregularidades”, pues mientras las autoridades modificaron la escena del crimen y destruyeron pruebas, a la defensa se le negó la integración de más elementos contra los responsables del crimen.“El de Nadia es un caso emblemático de la negligencia del Estado de México para proteger a las mujeres; y de la denegación de justicia, que no es otra cosa que mantener en plena impunidad un feminicidio que ocurrió hace siete años; que se libraron órdenes de aprehensión desde hace seis, en el que sólo se consignó a uno de los responsables, para después absolverlo, mientras que el otro culpable, el esposo de Nadia, está libre sin que hasta la fecha las autoridades hagan algo por detenerlo”, destacó el abogado de la CMDPDH.El pasado 3 de agosto, María Antonia Márquez y abogados de la CMDPDH y la ODDI demandaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a los magistrados que ordenaron la libertad de Isidro López Gutiérrez, pues, agregó Méndez, con la sentencia absolutoria se contravinieron los criterios que la misma sala ya había fijado sobre dicho caso, cuando se validaron las declaraciones de los menores.Para el equipo de abogados que apoya a la señora María Antonia Márquez, cuando los magistrados declararon “infundados” los dichos de los niños, éstos fueron “revictimizados” y quedaron en estado de estado de vulnerabilidad al quedar libres los responsables del homicidio.En la demanda también se exigió a la Procuraduría mexiquense que garantice la seguridad e integridad de la madre e hijos de la víctima.Asimismo, los abogados exigieron a la dependencia que solicite la cooperación de la Procuraduría General de la República (PGR) para que se cumpla la orden de aprehensión contra Bernardo López, quien sigue prófugo, a pesar de que ha sido visto en diversas ocasiones.

Aportado por M. Hurtado

México: Alertan sobre tipificación “a modo” de feminicidio

Tipificar el delito de feminicidio es una necesidad, cuando se realiza de forma incorrecta y con fines políticos tiene una evidente ausencia de ayuda a la mujer.
Gladis Torres Ruíz

Especialistas afirman que desde el Estado hay un “movimiento” para tipificar “a modo” ese delito, a fin de dificultar su acreditación y mantener la impunidad.

Desde las oficinas de los gobiernos federal y de los estados avanza un “movimiento” para “tipificar de manera incorrecta el delito de feminicidio”, que tendrá como consecuencia un acceso inequitativo a la justicia para las mujeres, advierten abogados y activistas contra la violencia de género.

A decir de la activista del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Anayeli Pérez, y el integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD)
David Peña, de los seis estados que han tipificado el delito de feminicidio, en cuatro (Guerrero, Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas) se estipuló un tipo penal cuya acreditación será “sumamente complicada”.

“Hay todo un movimiento desde el Estado para tipificar de manera incorrecta. Lo que hace es invisibilizar la problemática del feminicidio, es una simulación para aparentar que se está atendiendo el problema cuando en realidad no se atiende a fondo”, acusó Anayeli Pérez.

El abogado David Peña puso como ejemplo que en el artículo 148 bis del capitulo VI del Código Penal del Estado de México, el feminicidio se tipificó como la “privación de la vida, asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación; cuando ocurra con una persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza laboral o escolar; cuando el agresor haya ejecutado conductas sexuales crueles o degradantes o mutile a la víctima, o cuando existan con antelación actos que constituyan actos de violencia familiar del ofensor hacia el ofendido”.

El integrante de la ANAD acotó que esa tipificación “deja a la interpretación de los jueces si el asesinato fue por razones de género, es decir si hubo subordinación o exclusión, las cuales son condiciones difíciles de probar pues no se tiene el testimonio de la víctima”.

Peña, quien litigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) uno de los tres casos de feminicidio del Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, recalcó que las legislaciones con una tipificación inadecuada permitirán que se minimice la ola de asesinatos de mujeres y se dé un uso político al fenómeno.

“Si un gobierno estatal señala que hay 900 asesinatos, pero sólo cinco son feminicidio le servirá políticamente, ya que dirá que la mataron pero no por ser mujer sino por otras razones, lo que reduce la carga política”.

JUSTICIA “SUBJETIVA”

La tipificación del feminicidio en Guerrero, Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas se logró a partir de iniciativas presentadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación, y legisladoras locales del PRI.

En cambio en Morelos y el DF, la tipificación se realizó con iniciativas del PT y el PRD, luego de un trabajo con especialistas y la sociedad civil para establecer protocolos de investigación especializados que acrediten el delito.

La abogada Anayeli Pérez observó que en las primeras cuatro entidades las Organizaciones de la Sociedad Civil no tuvieron participación en la elaboración de los dictámenes, lo que se refleja en cómo quedó finalmente el tipo penal.

“Está basado en elementos que jamás se van acreditar o que tiene que valorar el Ministerio Público o los operadores de justicia, lo que abre nuevamente la puerta a la impunidad, ya que están cargados de estereotipos y criterios de discriminación en los que se cuestiona la vida personal de la víctima”.

En el caso de Tamaulipas, por ejemplo, el artículo 337 bis del Código Penal del estado estipula en uno de sus numerales que una de las “razones de género por parte del sujeto activo (el agresor)” para acreditar el feminicidio es “que existan antecedentes de violencia moral o acoso (…) en contra de la mujer”.

De acuerdo con lo señalado por Pérez Garrido este sería un elemento “subjetivo” que quedaría a la consideración personal del MP y los jueces para acreditar el crimen.

Según datos del INEGI, en México la tasa de homicidios por cada 100 mil mujeres se ha incrementado en más de 40 por ciento, al pasar de 2.45 a 3.52 entre 2005 y 2009.

De 2007 a 2010 se cometieron al menos 2 mil homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 18 entidades del país, reporta por su parte el OCNF en su informe 2010. De 2009 a 2010, 309 mujeres fueron asesinadas en el Edomex, 125 en Sinaloa y 103 en Tamaulipas.

Cabe recordar que en el gobierno del mexiquense Enrique Peña Nieto, del 2005 a la fecha han sido asesinadas 922 mujeres, de acuerdo con datos de la propia Procuraduría del estado.

En enero pasado el OCNF solicitó activar la Alerta de Violencia de Género en la entidad, pero la petición fue rechazada por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mecanismo integrado por dependencias federales y los institutos estatales de las mujeres.

Dos meses después y luego de que el gobernador presentó una iniciativa al respecto, el Congreso local aprobó “al vapor” el pasado 17 de marzo la tipificación del feminicidio en los códigos penal y de procedimientos penales del estado.

Aportado por Monica Hurtado

Protección para hijos de Nadia, víctima de feminicidio en Edomex

Piden a procurador mexiquense información sobre investigación


Por Guadalupe Cruz Jaimes, enviadaToluca, 3 ago 11 (CIMAC).- María Antonia Márquez, madre de la víctima de feminicidio, Nadia Alejandra Muciño, solicitó al procurador General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alfredo Castillo Cervantes, que le informe sobre lo que ha hecho la dependencia a su cargo para cumplir con la orden de aprehensión en contra de Bernardo López Gutiérrez, uno de los dos presuntos homicidas de su hija, así como medidas precautorias para los hijos de Nadia.

En una breve reunión realizada esta mañana en Toluca, con Italy Desiree Ciani Sotomayor, titular de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Contra Mujeres, María Antonia Márquez entregó la petición solicitando estas medidas pues sus nietos (los hijos de Nadia) son los únicos testigos presenciales del asesinato y por lo tanto teme por su integridad física y psíquica, señaló a Cimacnoticias Alejandro Rojas, coordinador del Área Jurídica, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia.

Nadia Alejandra fue asesinada por su esposo, Bernardo López Gutiérrez -ayudado por su hermano Isidro apodado “Matute”- ante su hija de 2 años y sus hijos de 4 y 5 años de edad, únicos testigos del homicidio cometido el 12 de febrero de 2004 en Villa Nicolás Romero, Estado de México.

De 2005 a 2010 922 mujeres han sido asesinadas en la entidad.
En 523 asesinatos (56.7 por ciento) se desconoce al asesino, de acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio obtenidas de la PGJEM.

En 2005 se registraron 98 homicidios dolosos, en 2006, 138; en 2007; 161; para 2008, 176; en 2009, 205; y hasta agosto de 2010 se denunciaron 144. El 54 por ciento de los asesinatos se concentran en 10 municipios mexiquenses.

Respecto a la orden de aprehensión en contra de Bernardo López, Alejandro Rojas, representante legal de María Antonia Márquez, señaló que la tardanza de 6 años para arrestar a un acusado de homicidio doloso es “demasiado” y se debe a que “o no se trabaja o se trata de incompetencia en la institución, incluso de corrupción”.

Por ello, solicitaron a Castillo Cervantes que entregue información por escrito y detallada por mes y año del desarrollo de la orden de aprehensión así como el nombre de la persona encargada de la investigación.

La solicitud pide también que la Procuraduría General de la República apoye a la autoridad mexiquense en el marco de los convenios de colaboración y “se aboque a la orden de aprehensión para se inicie un proceso en contra de Bernardo López Gutiérrez”.

María Antonia Márquez también pidió que se investigue a los magistrados que dejaron en libertad a Isidro López Gutiérrez “Matute”, quien en 2009 fue condenado a más de 40 años de prisión por el asesinato de Nadia.

Cabe recordar que después de que Isidro López fue condenado, apeló la sentencia y fue absuelto por la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado, “quienes descalificaron el testimonio de los niños por ser niños, si dichas declaraciones hubieran sido rendidas por adultos, los homicidas estarían presos”, detalló Alejandro Rojas.

La solicitud a la PGJEM consiste en que se investigue la actuación de los magistrados para que sean sancionados si resulta que no procedieron conforme al principio de justicia, y “los resultados se reflejen en su permanencia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado”.

María Antonia Márquez y Alejandro Rojas, dieron a conocer las peticiones y denuncias hechas ante la PGJEM a la subprocuradora quien se comprometió a dar seguimiento a las solicitudes.

Al término de la breve reunión, la madre de Nadia Alejandra señaló a Cimacnoticias que espera que las autoridades “cumplan con su trabajo, que investiguen y posibiliten el acceso a la justicia, que no la obstaculicen”, como ha ocurrido hasta ahora, motivo por el que en octubre del año pasado, María Antonia Márquez, acompañada de organizaciones defensoras de derechos humanos, presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aportado por Monica Hurtado