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Mientras en otros estados del país las fuerzas políticas no llegan a los acuerdos, en el Congreso mexiquense se pusieron de acuerdo para tipificar el feminicidio como un delito grave, con sanciones de 40 a 70 años de prisión, y de 700 a 5 mil días multa cuando exista violencia de género.
La reforma a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales; a las leyes: Orgánica del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia, así como a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se caracteriza por su pluralidad, ya que integra las propuestas de los Grupos Parlamentarios de los partidos PRI, PAN, PRD y PSD, así como del Ejecutivo estatal y establece cuatro condicionantes para que el homicidio doloso de una mujer sea considerado feminicidio.
De acuerdo con la nueva disposición legal, este delito se considerará como violencia de género cuando haya la privación de la vida, asociada a la exclusión, subordinación, discriminación, o explotación; cuando ocurra en contra de una persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva, o de confianza, laboral o escolar; cuando el agresor haya ejecutado conductas sexuales crueles o degradantes.
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